Es un tema recurrente que se pone de actualidad cada cierto tiempo. Esta vez ha venido de la mano de la repentina proliferación de patinetes de todo tipo (muchos de ellos eléctricos) en nuestras ciudades y pueblos. Inesperadamente, ha sido el mismísimo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el que ha lanzado de nuevo la propuesta: ¿deben los ciclistas (y los patinetes y artefactos similares) circular con un seguro obligatorio?
Es obvio ante la mayor presencia de estos elementos en las calles se hace necesario el ordenar y regularizar el uso de la vía pública, pero la mera insinuación de este tema ha levantado ya ampollas entre los colectivos ciclistas. En unos momentos en los que buena parte de ese colectivo está inmerso en la lucha #PorUnaLeyJusta, que encabeza la incansable Anna González, y que pide que se endurezca el Código Penal en caso de atropellos a ciclistas y peatones, la propuesta del ministro no ha sentado muy bien que digamos.
Pero, ¿de qué se queja el colectivo ciclista? ¿Por qué las bicis, los patinetes, etcétera no deben tener un seguro obligatorio? ¿Cuál es el problema? Según una nota de prensa de ConBici (Coordinadora en Defensa de la Bicicleta), la implantación de un seguro obligatorio para los ciclistas tendría un efecto disuasorio en el uso de la bicicleta. Esto se produciría en un momento en el que desde las autoridades hay mucha preocupación por la contaminación en las ciudades. Y es en ese contexto que el uso de la bici debería premiarse y enfocarse como un alivio a ese fenómeno contaminante, y no ponerle trabas como lo del seguro obligatorio.
Además, muchos ciclistas ya cuentan con un seguro de responsabilidad civil y de daños a terceros, ya que este se deriva de la licencia cicloturista que emite la federación española (lo mismo la ocurre con las licencias de triatlón e incluso con muchos seguros del hogar o de automóviles que incluyen esta cobertura a sus tomadores). Otra crítica a esta propuesta es que se aproveche la proliferación de los patinetes eléctricos para equipararlos con la bicicleta, cuando en realidad se trata de un dispositivo propulsados en algunos casos por motores muy potentes y que circulan mayormente por la acera y sin reglamentación propia. Algo que no ocurre con las bicicletas, que tienen unas claras normas de circulación tanto en el Reglamento de la DGT como en la mayoría de normas de uso de la vía en las poblaciones españolas.
Pero quizás el argumento más contundente empleado para rebatir la propuesta del titular de Interior sea el de que, en el caso de implantarse, la medida de obligar a las bicis a tener un seguro obligatorio sería un caso. Ningún otro país, al menos en el entorno europeo, tiene una normativa similar. Lo cual no deja de ser paradójico puesto que todos sabemos que en países como Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Dinamarca, etc, el uso de la bici como medio de transporte es el más habitual en muchas ciudades, y curiosamente no han necesitado implantar una medida como la que se propone, recurrentemente, en España.
El caso suizo
El único caso que se conoce de implantar la obligatoriedad de un seguro para bicicletas fue en Suiza. Sin embargo, en 2010, y tras décadas de funcionamiento, se retiró esta normativa. Las explicaciones a este paso atrás de las autoridades suizas son básicamente dos. Por un lado, se dieron cuenta de que la gestión de ese seguro obligatorio era más costoso para el Estado que el hecho de que hacerse cargo como responsable civil subsidiario de los daños provocados por los ciclistas (que, dicho sea de paso, no suelen ser muy habituales). Por otro lado, se dieron cuenta de que la gran mayoría de los ciclistas ya disfrutaban de una cobertura similar a través de licencias de ciclismo y seguros del hogar.
